El espectáculo me produjo tristeza. No creo incurrir en exceso con esa calificación al cruce de acusaciones entre la Audiencia Nacional y el Gobierno. Tristeza porque el objetivo final de semejante comportamiento no pasaba de un quitarse de encima responsabilidades políticas por la decisión de traer a España a dos piratas somalíes, como si lo que realmente importara no fuera la vida o la integridad física de los españoles secuestrados, sino el mas prosaico deseo de escabullirse del abanico de posibles responsables ante un hipotético final luctuoso del drama. Pero cuando la Audiencia Nacional comenzó a producir notas de prensa, como si se tratara de un departamento mas de la administración del Estado, la tristeza mutó hacia otros senderos al percatarme de que, en el fondo, el lenguaje corporal, por así decir, de esas notas, era la autoconciencia plásticamente evidenciada de pertenecer a un entramado político en el que la independencia de poderes estatales parece no tener ni siquiera cabida en el reducido ámbito de la infeliz semántica.
No es hora de debatir quien los trajo. Es momento de ver qué hacemos. Críticas, descalificaciones, bultos escabullidos…Todo eso abunda, pero, al menos en mi percepción, nos encontramos huérfanos de soluciones, como si la responsabilidad de gobernar no conllevara la de asumir los coste de decidir. Pues yo, a riesgo de equivocarme, os digo que si tuviera la responsabilidad de decidir mi plan sería el siguiente.
Ante todo explicarlo, porque, nos guste o no, los piratas se han salido con la suya al permitir a los españoles secuestrados hablar con sus familias, de modo que a través de ellas han conseguido crear un clima en la opinión pública española que, con independencia del desgaste judicial y gubernamental, se traduce en una posición favorable a la consecución de sus objetivos. Por eso públicamente advertí que al trato vejatorio al que les sometían, a las privaciones físicas y costes emocionales, no se correspondía con que les permitieran hablar por teléfono, actividad cicateramente permitida a los presos ordinarios españoles. Se pretendía que relataran sus condiciones a sus familiares y que estos, agitados inevitablemente en su estructura emocional, sensibilizaran a la opinión pública creando un clima favorable a cualquier solución pactada. Lamentable, sí, pero cierto. Por tanto, un problema de opinión reclama un tratamiento de idéntica naturaleza. Lo que se tenga que hacer debe ser explicado. Seguir leyendo