Lo que tiene que decidir el Tribunal Constitucional es teóricamente sencillo: si una Ley concreta, la que aprueba el Estatuto de Cataluña, se ajusta o desajusta a otra Ley Superior: la Constitución. En el plano del silogismo jurídico no se diferencia de cualquier otro que pueda verificarse en el terreno del Derecho Civil, Administrativo, Penal o Mercantil. Así debería ser.
Pero así no es. El diario El País definió al Tribunal Constitucional como una instancia política, porque sus miembros los nombran los partidos y sus decisiones tienen consecuencias políticas. Lo mismo sucede con el Tribunal Supremo y con La Audiencia Nacional, por ejemplo. El problema radica en el modo de acceso al puesto de miembro del Consejo de Poder Judicial. Los nombran los partidos. Y los partidos son las personas que van en sus listas al Congreso y Senado. Y no van en las listas los que no obedecen. El modelo destruye la esencia del Estado de Derecho. Por ello la politización de la Justicia es el cáncer de nuestro Estado de Derecho. Ahora se ve claro. Pero se han dictado sentencias que han afectado a la libertad, dignidad y hacienda de personas físicas que han sido fundamentadas en los nombramientos políticos de quienes las dictaron y en las consecuencias políticas de las resoluciones decididas. ¿Ahora nos damos cuenta? ¿Un nuevo ejercicio de hipocresía y cinismo, nuestras aficiones favoritas junto con la envidia?
La misión del Tribunal Constitucional no es resolver el problema del encaje político de Cataluña en España. No es eso. Es mas simple: decidir si la Ley se ajusta a la Constitución. Es todo. Le guste o no lo que dice el Estatuto, les parezca bien o mal ese modelo de integración de Cataluña en España, lo que tienen que decidir es si se ajusta o no a la Constitución. Es todo. Mejor: debería serlo. No lo es,según parece. Seguir leyendo
